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En muchos países latinoamericanos las pensiones financiadas con impuestos (PFI) se han expandido principalmente como resultado de la creciente informalización del empleo y del estancamiento o la declinación de la cobertura del seguro social. En los cinco países que se examinan en este artículo, en general las PFI han sido eficaces para disminuir la pobreza y la indigencia. En el Brasil las pensiones rurales de asistencia social han recortado un 95 por ciento la incidencia de la pobreza extrema entre las personas de edad avanzada. En Chile, entre los años 1990 y 2000, las PFI mejoraron considerablemente la efectividad de la reducción de la pobreza. Por lo tanto, se ha visto que las pensiones financiadas por la vía fiscal constituyen un instrumento para suplementar la cobertura contributiva de las pensiones e impulsar la protección global de la seguridad social. Un desafío clave consiste en elevar la cobertura de las pensiones por medio del seguro social existente o de regímenes contributivos especiales que pongan la mira en los trabajadores de la economía informal. De otro modo, en lo futuro las PFI podrían llegar a convertirse en un programa financiera y socialmente insostenible. También existen diversas maneras de mejorar la financiación, la administración y los criterios de elegibilidad de dichas pensiones, en particular es necesario definir entre éstas y los regímenes contributivos, políticas congruentes en materia de estructura y prestaciones.
