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La Ley de Extradición Pasiva de 1985 constituye hoy un marco normativo desfasado frente a la evolución jurisprudencial constitucional, europea e internacional en materia de derechos humanos y cooperación penal. Este trabajo analiza críticamente sus principales insuficiencias estructurales, especialmente en lo relativo a garantías procesales, control de riesgos y revisión judicial. Se examina la doctrina del Tribunal Constitucional, del TEDH y del TJUE, cuyo impacto ha configurado un modelo de control reforzado de derechos fundamentales. A partir de dicho análisis, se formulan propuestas de reforma que buscan actualizar el procedimiento, fortalecer la tutela judicial efectiva y adecuarlo a los estándares contemporáneos de protección de la persona reclamada. El estudio concluye que la modernización de la LEP es imprescindible para compatibilizar eficacia extradicional y respeto pleno a la dignidad humana.
