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La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LA LEY 20/2025), constituye una oportunidad para fomentar el arbitraje en cuanto medio de resolución de conflictos alternativo a la jurisdicción. A tal efecto, el análisis que realizamos en el presente artículo delimita las controversias susceptibles de someterse a arbitraje en el sentido de reafirmar que el carácter imperativo de las normas aplicables al fondo de las controversias no determina en modo alguno su correlativa inarbitrabilidad.
