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Los derechos fundamentales presuponen la existencia de una Constitución que posea fuerza normativa, esto es, que se cumpla razonablemente en la práctica. Pues, aunque a menudo se piense lo contrario, en la cultura jurídica occidental suelen identificarse como fundamentales sólo aquellos derechos humanos efectivamente garantizados a partir de las Constituciones nacionales. En este sentido, el contexto de desvertebración social que caracteriza a la mayoría de los países iberoamericanos ha hecho inviable, con desgraciada frecuencia, la instauración de sistema constitucionales no ya ¿normativos¿, sino ni siquiera con un mínimo de continuidad. Esta separación entre democracia formal y realidad sociopolítica sigue siendo hoy notable, si bien se aprecia desde la década de los ochenta un cierto progreso en el funcionamiento práctico de los instrumentos de protección de los derechos fundamentales (habeas corpus, recurso de amparo, acción de constitucionalidad), reforzados con el sistema de garantía supranacional establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, las noticias e informes (como, por ejemplo, los de Amnistía Internacional) que llegan desde Iberoamérica en relación con el respeto de derechos nominalmente fundamentales en buena parte de los Estados evidencia que las violaciones de los mismos son todavía de una considerable extensión y gravedad. Y aunque es verdad que desde un plano teórico existe cada vez mayor consenso en la comunidad jurídica iberoamericana e internacional sobre las medidas a tomar para mejorar la situación, las perspectivas a corto y medio plazo no invitan al optimismo. En efecto, por un lado, la creciente hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial habrá de notarse de manera especial en Iberoamérica, y ello, casi con toda probabilidad, en un sentido poco favorable al éxito de procesos políticos de democratización y emancipación social que puedan amenazar los intereses norteamericanos en la zona. Pero además, por otro lado, la gran crisis económica que está sufriendo Argentina y que acecha también a otros países vecinos no constituye el mejor caldo de cultivo para la consolidación de las estructuras democráticas del poder político en el marco de regímenes constitucionales verdaderamente normativos.
