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William Antonio Chinchilla Álvarez
Este artículo pretende exponer y plantear reflexiones sobre algunas de las ventajas que podría gozar el sistema de justicia costarricense si el legislador decide incorporar a su política de persecución criminal la herramienta de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal cual lo han hecho otros países. Siendo que Costa Rica ha implementado ya la responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos de corrupción y otros relacionados con estupefacientes, se plantea la posibilidad de aplicar esta materia también a delitos contra el medio ambiente, por medio de un análisis de conveniencia, mediante el estudio de varios países que ya la han implementado en esta materia, su doctrina y jurisprudencia. Al final, se logra observar que Costa Rica tiene el medio ambiente como un valor de alta importancia y pareciese existir un espíritu de castigar en sede penal a las empresas por daño al ambiente, pero también se observa que dicho espíritu requeriría de una normativa que desarrolle plenamente el sistema y no deje lugar a vacíos interpretativos. Por medio de ese análisis se concluye que Costa Rica tiene una necesidad de implementar cambios normativos en favor de la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero pareciera tener el espíritu de hacerlo y a la vez, esta ofrece una serie de ventajas al sistema nacional.
This article is aimed at exposing and reflecting on some of the advantages that the Costa Rican justice system could enjoy if the legislature decides to incorporate into its criminal prosecution policy the tool of corporate criminal liability, as other countries have done. Given that Costa Rica has already implemented corporate criminal liability for corruption and other drug-related offenses, the possibility of applying this matter to environmental crimes is raised through a convenience analysis, by studying comparative law, as well as doctrine and jurisprudence from countries that have already implemented this resource. In the end, it is observed that Costa Rica holds the environment as a value of high importance, and there seems to be a spirit of penalizing companies for environmental damage. However, it is also noted that this spirit would require a regulatory framework that fully develops the system and leaves no room for interpretative gaps. Through this analysis, it is concluded that Costa Rica has a need to implement normative changes in favor of corporate criminal liability, but it seems to have the spirit to do so, and at the same time, this offers a series of advantages to the national system.
