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Este Real Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción.
Entre las definiciones, se destacan las de árido reciclado y de residuo inerte adecuado, así como las de aplicaciones ligadas y no ligadas y de las obras de restauración minera. Como novedad, se regula la obligación del uso de áridos reciclados en las obras públicas promovidas por la Administración Autonómica y realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad, estableciendo los porcentajes mínimos en función del tipo de obra de que se trate.
Se concreta la forma de llevar a cabo en las obras de construcción la separación en distintas fracciones cuando falte espacio en la propia obra. Este Decreto no se aplicará a aquellas obras que, a la entrada en vigor del mismo, cuenten con proyecto aprobado, excepto en lo relativo a lo establecido en el artículo 5 en relación a la separación de fracciones en la construcción y demolición.
A continuación, se establecen los requisitos tanto de los áridos reciclados como de los residuos inertes adecuados para determinados usos. Entre los requisitos se definen una serie de valores límite de contaminantes y una metodología y frecuencia de caracterización. De igual forma se establecen las obligaciones de información sobre el destino de todos estos materiales, que deberán ser registrados y figurar en la memoria anual de gestión cuya elaboración y remisión es obligatoria para todos los gestores de residuos autorizados.
Se establece la obligación de depositar una garantía financiera para las plantas de gestión de RCD, excluyéndose de esta obligación las restauraciones de huecos mineros.
Cierra el articulado, la remisión a la aplicación de la ley vigente en materia de residuos y suelos contaminados para sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
Se incluye una disposición adicional para que en los proyectos de obra, públicos y privados se favorezca la incorporación de componentes constructivos que faciliten la demolición selectiva, el desmantelamiento, el reciclado y la reutilización de los mismos cuando lleguen al final de su vida útil.
