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Edna Raquel Hogemann
El artículo explora las intersecciones entre democracia, eficiencia administrativa, políticas públicas y justicia social en el contexto de los litigios estructurales. Estas demandas judiciales buscan soluciones para violaciones de derechos fundamentales que impactan a colectivos, lo que representa desafíos significativos para el poder judicial y la administración pública. Al analizar ejemplos prácticos en Brasil, como acciones civiles públicas destinadas a la reestructuración de sistemas de salud y educación, el estudio discute el papel de la intervención judicial en la promoción de la justicia social, y destaca cómo estas intervenciones pueden corregir desigualdades estructurales y asegurar derechos fundamentales, mientras respeta la autonomía de los gestores públicos. El enfoque enfatiza la necesidad de equilibrar la efectividad de las decisiones judiciales con la sostenibilidad democrática, al promover políticas públicas inclusivas sin comprometer la gobernabilidad. En este contexto, el artículo subraya la importancia del diálogo institucional entre los poderes y la sociedad civil, con el objetivo de implementar soluciones eficientes alineadas con los principios constitucionales. Así, se contribuye al fortalecimiento de la democracia y la realización de la justicia social en un escenario de demandas colectivas complejas.
The article explores the intersections between democracy, administrative efficiency, public policies, and social justice in the context of structural litigation. These judicial demands seek solutions for violations of fundamental rights that impact collectives, representing significant challenges for the judiciary and public administration. Therefore, by analyzing practical examples in Brazil, such as public civil actions aimed at restructuring health and education systems, the study discusses the role of judicial intervention in promoting social justice; it highlights how these interventions can correct structural inequalities and ensure fundamental rights while respecting the autonomy of public managers. The approach emphasizes the need to balance the effectiveness of judicial decisions with democratic sustainability, promoting inclusive public policies without compromising governance. In this context, the article underscores the importance of institutional dialogue between the powers and civil society, aiming to implement efficient solutions aligned with constitutional principles. Thus, it contributes to the strengthening of democracy and the realization of social justice in a scenario of complex collective demands.
