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La política presupuestaria española atraviesa una fase de inercia sin precedentes: por segundo año consecutivo no se aprueban nuevos Presupuestos Generales del Estado, prorrogándose los de 2023. Pese a ello, la coyuntura económica favorable ha impulsado la recaudación tributaria (+10 % interanual), permitiendo reducir el déficit hasta el 2,8% del PIB en 2025 y la deuda pública al 100 %. Para 2026, AIReF y Banco de España proyectan déficits entre el 2 % y el 2,3 %, sostenidos por ingresos dinámicos y un gasto aún presionado por defensa, envejecimiento y deuda. A partir de 2027, se requerirán ajustes estructurales de unas cuatro décimas del PIB anual para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, apoyados en una reforma tributaria, evaluación del gasto y pedagogía fiscal.
