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Carlos de Pablo Varona
La puesta al día de los valores catastrales requiere, prima facie, la promoción de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, con aprobación de una ponencia de valores total. Aunque la Ley del catastro prevé su puesta en marcha en todo caso al menos cada diez años desde la entrada en vigor de los valores catastrales, la previsión normativa ha sido reiteradamente incumplida, lo que determina que el trascurso del tiempo provoque la desactualización del valor catastral y su alejamiento del valor al que pretende aproximarse, la mitad del valor objetivo de mercado. Tradicionalmente las Leyes de presupuestos han actualizado los valores catastrales por coeficientes para adecuarles a la evolución de la inflación, y, desde hace ya una década, esa actualización ha podido realizarse aplicando coeficientes diferentes en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores de cada municipio. El presente trabajo reflexiona sobre esa actualización por coeficientes y su adecuación a los principios de justicia tributaria, incidiendo especialmente en la quiebra del principio de igualdad en la contribución al sostenimiento de los gastos públicos que se produce al calcular la renta inmobiliaria imputada en el IRPF por la tenencia de bienes inmuebles aplicando a valores actualizados por coeficientes cercanos a la mitad del valor de mercado el mismo coeficiente que a otros valores catastrales de la misma antigüedad desactualizados
The revision of cadastral values requires, prima facie, the initiation of a general collective valuation procedure, culminating in the approval of a comprehensive property valuation report. Although the Cadastral Law formally mandates the implementation of such procedures at least once every ten years from the date on which cadastral values come into force, this statutory requirement has been repeatedly disregarded. Consequently, the passage of time leads to the progressive obsolescence of cadastral values and their deviation from the benchmark they are intended to approximate —namely, 50% of the objective market value—. Historically, annual Budget Acts have applied adjustment coefficients to update cadastral values in line with inflation. Over the past decade, these updates have increasingly relied on differentiated coefficients, tailored to the year in which the valuation report (ponencia de valores) came into effect for each municipality. This paper examines the legal and fiscal implications of such coefficient-based adjustments, with particular attention to their compliance with the principles of tax equity. It focuses especially on the distortion of the principle of equality in the distribution of the tax burden, as arises when imputed rental income for personal income tax (IRPF) purposes is calculated by applying the same rate to both coefficient-adjusted values (closer to market benchmarks) and outdated cadastral values of equivalent age, thereby creating unequal treatment among taxpayers
