Acceso usuarios
Eva Blasco Hedo 
Conoce la Sala del recurso contencioso-administrativo formulado por una mercantil contra la Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 7 de junio de 2021 por la que se desestima el recurso de reposición formulado contra la Resolución de 15 de febrero de 2020 que impone a la recurrente una multa de 4.970 euros y la obligación de indemnizar los daños al dominio público hidráulico en la cifra de 1.112,19 euros; ello por la comisión de una infracción administrativa leve prevista en el art. 116.3 apartados a), b) y g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en relación con el art. 315 apartados i) y m) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Los hechos imputados consistieron en “haber procedido a la derivación de aguas subterráneas para riego de 2,4905 hectáreas de frutos rojos por el sistema de goteo, en el sitio denominado Mingallete, Parcela 72 (0,16 ha.), Parcela 197 (2,3 ha.), Parcela 198 (305 m2), Polígono 2 del T.M. de Rociana del Condado (Huelva), sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.
La recurrente cuestiona en este caso que una empresa estatal -“Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.” (TRAGSATEC)-, en virtud de un contrato de prestación de servicios suscrito con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tenga potestad para llevar a cabo labores de auxilio material y asistencia técnica, hasta el punto de asumir la completa tramitación de los procedimientos sancionadores; de tal manera que la actuación de los funcionarios públicos de la Confederación se relega al mero acto de firmar los documentos y resoluciones una vez redactados por los empleados de la empresa.
Por su parte, el Abogado del Estado alega que la Confederación en ningún momento ha perdido el control del procedimiento.
La Sala trae a colación la doctrina del Tribunal Supremo que, a su vez, aplica en sentencias anteriores a ésta para llegar a la conclusión de que en este caso concreto la intervención de TRAGSATEC ha consistido en la tramitación completa de todo el expediente sancionador. Por tanto, en aras a la regla general sentada por el TS, según la cual “la tramitación de los procedimientos sancionadores incoados por las Administraciones Públicas han de ser tramitados por el personal al servicio de tales administraciones sin que sea admisible que, con carácter general, de permanencia y de manera continua, puedan encomendarse funciones de auxilio material o de asistencia técnica a Entidades Públicas Empresariales, sin perjuicio de poder recurrir ocasionalmente y cuando la Administración careciera de los medios para ello, al auxilio de Entidades Públicas Empresariales, como medios propios de la Administración, a prestar dicho auxilio o asistencia”, la Sala estima íntegramente el presente recurso.
Y ello teniendo en cuenta el Pliego de Bases del Servicio Técnico que rige las relaciones entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y TRAGSATEC, y concretamente la Memoria, en particular, la “Justificación de Precios”, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en particular el apartado denominado “Trabajos a Realizar”, y el capítulo de Presupuestos. Al efecto, el actuar de la empresa pública se adapta a la diversidad de funciones detalladas en estos documentos de manera pormenorizada.
En definitiva, considera la Sala que una labor exclusiva y excluyente de los titulares de los órganos competentes no se puede atribuir al personal de una sociedad mercantil, máxime cuando la resolución sancionadora que se ha dictado se limita a la mera firma de la propuesta que se presenta al Organismo de Cuenca.
