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Carlos Javier Durá Alemañ 
En esta sentencia, una empresa recurre la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que deniega a la actora la concesión de ocupación de 2.615m2 de dominio público marítimo terrestre con destino a playa artificial en la zona norte de Costa Teguise, Lanzarote. En concreto, las obras eran trasladar arena de origen terrestre procedente de un yacimiento situado en el Sahara, con la construcción de dos espigones. Construcción de un pantalán para el uso lúdico de los bañistas. La Demarcación de Costas de Canarias con informe desfavorable remitió el expediente a la Subdirección general y en su informe propuesta, la demarcación decía que: el proyecto debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Que la costa está protegida por un LIC (lugar de importancia comunitaria) y que conserva un estado natural donde predominan los bolos de un tamaño medio grande. Existe un fuerte rechazo de la sociedad de Lanzarote ante la creación de nuevas playas en Teguise.
Por tratarse de un lugar que alberga una especie prioritaria del Anexo II caretta caretta, (art. 46.6 Ley 42/2007) la ejecución de cualquier programa o proyecto solo podrá solicitarse en base a las siguientes consideraciones:
Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.
Otras razones imperiosas de interés público de primer orden previa consulta a la Comisión Europea.
El proyecto previsto constituye una modificación absoluta del entorno natural y una actuación definitiva e irreversible sobre el sustrato.
En el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, establece que ninguna de las especies por las que se declara LIC se ha detectado en la zona. Lo mismo se desprende del estudio de bionomía y biocenosis. Concluye que el impacto es compatible sobre el LIC por lo que no genera impacto sobre el LIC. En el propio informe se describen las medidas de tipo preventivo y compensatorio. En definitiva, solicita la denegación de la resolución, y por consiguiente la procedencia de la solicitud.
En su demanda la actora trata de justificar su proyecto económico frente a la resolución de la Administración que de manera motivada ha rechazado la construcción de esa playa artificial sobre la base, especialmente, de que no se ha tenido en cuenta del proyecto la evaluación de impacto ordinaria que se realizó.
Aporta con la demanda las fichas del proyecto básico, y los impactos. Se acompaña la respuesta al informe propuesta de la Demarcación de Costas que se opone a esta construcción. Insiste en el informe pericial, acontecimiento 41 (ratificado a presencia judicial) que se acompaña con la demanda manifestando que ese litoral costero no es una zona virgen pues está afectado por la actividad humana, hay un paseo marítimo y hay un aliviadero que desemboca en esa zona. Considera que esta zona costera por sus características no puede ser incluida en la LIC, se han hecho previsiones del cambio climático en el proyecto básico y da respuestas a cada una de las alegaciones efectuadas en el trámite de información pública y concluye afirmando que el desarrollo y cálculos del proyecto cumplen con los estándares de calidad exigidos. Solo es necesario revisar la procedencia de las arenas de aportación. La nueva playa mejora u ofrece una mejora al LIC y pone de ejemplo la playa de Los Charcos se ha incluido en el LIC.
Para la Sala, nos encontramos ante una zona declarada LIC y a la Orden Ministerial de su declaración deben ajustarse todas las pruebas que se lleven a cabo al respecto. La Orden Ministerial está revestida de objetividad y está al servicio de los intereses generales con una finalidad más que evidente de protección del medio natural por lo que todas las actuaciones que se pretendan llevar a cabo deben ser respetuosas y compatibles con los valores ambientales integrados en esa OM.
La recurrente no aduce razones de interés público y se centra siempre en que se ha llevado a cabo un estudio de impacto medioambiental pese a que al proyecto solo le era exigible la evaluación ambiental simplificada. Insiste en alegar que ese tramo de costa donde se proyecta la construcción de la playa artificial no alberga ninguno delos valores ambientales de espacios naturales protegidos y con empleo de ese informe pericial aportado y ratificado en el proceso pone en duda que esos terrenos sean LIC por albergar hábitats naturales, entiende, en definitiva, que no está justificado ese espacio propuesto como LIC.
Tras el examen de las actuaciones se aprecia que la mayoría de la actuación se llevará a cabo dentro del espacio protegido de la Red Natura 2000 Lugar de Interés Comunitario (LlC) ESZZ15OO2 Espacio Marino del oriente y sur de Lanzarote- Fuerte ventura.
El art. 111 Ley de Costas señala que:
1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado a) Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren.
b) Las de creación, regeneración y recuperación de playas.
c) Las de acceso público al mar no previstos en el planeamiento urbanístico.
d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
e) Las de iluminación de costas y señales marítimas. Entre otras.
La STS, de 6 de julio 2000 Rec. 1822/1993) señaló que para determinar si concurren razones de interés público,” la Administración goza de un margen de apreciación relativo, como corresponde a su función de servir con objetividad los intereses generales y, de modo especial en este ámbito, de asegurar la integridad y la adecuada conservación del dominio público marítimo-terrestre, así como garantizar su uso público y su utilización en términos acordes con su naturaleza y sus fines, manteniendo, entre otros factores, el debido respeto al paisaje y al medio ambiente”.
En la STS, Sala 3ª, de 14 de abril 2003 (Rec. 8728/1998) la concreción y determinación del mencionado interés público es buscado en la Exposición de Motivos de la misma Ley de Costas, señalando ” el interés público en materia de costas viene definido, entre otros extremos, y por lo que a nosotros nos interesa, por la conservación del medio, la selección de autorizaciones y concesiones y la necesidad de poner fin al deterioro y alteraciones irreversibles del medio”.
La construcción de esa playa artificial ni tan siquiera da respuesta a una necesidad ciudadana, altera el entorno, produce efectos ambientales y desde luego su construcción no puede ser posible cuando no se protegen y mejoran los ecosistemas y hábitats existentes que incluso su existencia se ha negado por la parte actora con apoyo en un informe pericial.
En resumen, la actora pretende la nulidad de la resolución solicitada que como se ha expuesto no adolece de causa de nulidad alguna. Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal, desestima el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del de fecha 9 marzo 2020 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
