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Este estudio analiza críticamente la evolución del poder preventivo tras la Ley 8/2021, a través de cuatro resoluciones judiciales que reflejan el tránsito del modelo de incapacitación al sistema de apoyos. Desde la subsidiariedad judicial defendida por la Audiencia de Almería hasta la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, el trabajo explora cómo la autonomía personal se convierte en el eje del nuevo Derecho civil. Las sentencias de Sevilla y León aportan matices esenciales sobre la compatibilidad entre el poder notarial y la curatela, delineando un equilibrio entre libertad y control. El análisis revela un proceso de constitucionalización práctica de la capacidad jurídica, en el que la voluntad de la persona adquiere fuerza normativa plena. Finalmente, se reflexiona sobre los desafíos éticos y técnicos del sistema y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantía. El resultado es una visión integrada del poder preventivo como expresión madura de la autonomía relacional y la dignidad jurídica.
