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José Antonio Díaz Cabiale 
Desde 1998 la posibilidad de exigir responsabilidad extracontractual a la Administración al margen del orden jurisdiccional contencioso-administrativo es muy limitada (proceso penal, acción directa contra la aseguradora), además de haberse excluido la acción del perjudicado contra el personal al servicio de la Administración. En este trabajo se sostiene que la obligación de acudir en todo caso ante el orden contencioso-administrativo ha convertido, en ocasiones, el derecho de los ciudadanos contenido en el art. 106.2 CE, en un privilegio sustantivo y procesal de la Administración No existe justificación para su extensión más allá de la derivada de la prestación de los servicios públicos (entendidos en sentido amplísimo), puesto que, por su naturaleza, en la resultante de las relaciones de derecho privado no hay ningún criterio de imputación singular diferente a la responsabilidad extracontractual civil. También se cuestiona la forma empleada para suprimir la exigencia de responsabilidad al personal de la Administración y el intento de excluir la RPA cuando se trata de sociedades mercantiles estatales o de que la acción directa contra la aseguradora sea conocida por el orden contencioso-administrativo.
