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Aldo Jorge Hoyos Benavides
El sistema penal de prisión preventiva en Perú, que debería ser excepcional, se ha normalizado, afectando el derecho a la libertad personal. Esto se agrava por la falta de justificación en las solicitudes fiscales, como evidenció el caso de Keiko Fujimori en 2019, donde el Tribunal Constitucional abordó este problema. El estudio señala que la ausencia de aplicación del principio de proporcionalidad en las solicitudes conduce a decisiones arbitrarias, perjudicando el debido proceso. A través de un análisis de doctrina, jurisprudencia y un test de proporcionalidad, se encontró que las solicitudes suelen carecer de motivación sólida y omiten pruebas a favor de la defensa. Estos hallazgos violan estándares constitucionales e internacionales, afectando al 39% de los procesados bajo prisión preventiva. Se recomienda que el Ministerio Público estandarice criterios en sus solicitudes para fortalecer los derechos fundamentales y la seguridad jurídica.
