Acceso usuarios
Eduardo J. Navarro
El sector público español debe implantar canales de denuncia eficaces conforme a la Ley 2/2023, como parte de su obligación de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Por ello, los últimos años han proliferado las licitaciones para la contratación de los mismos. Estos sistemas deben garantizar confidencialidad, protección al informante y gestión segura de los datos. La Autoridad Independiente de Protección al Informante supervisa el cumplimiento. Las entidades locales deben adaptar el sistema a su realidad, formar a su personal y coordinarlo con otros mecanismos de control para asegurar su efectividad y credibilidad institucional. Para el cumplimiento de estos procesos hay que tener en cuenta requisitos concretos en cuanto a qué hay que contratar e, incluso, qué se puede subcontratar y qué no.
