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Salvador Perán Quesada 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2025 que viene a determinar como discriminatorio hacia el varón el complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas ha significado un auténtico varapalo para las medidas de acción positiva en nuestro país. El problema que se dibuja es que el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y, consecuentemente, de las medidas que deben emplearse para conseguir la igualdad real, no tienen una construcción legal en el ordenamiento comunitario que nos determine los parámetros sobre los que deben estructurarse estas medidas. Permitir que los Estados las establezcan en sus diferentes legislaciones fuerza al Tribunal de Justicia de la Unión, ante las numerosas cuestiones prejudiciales que se le presentan, a un verdadero escrutinio, sin un marco legal en que sustentar la medida adoptada, que, por otra parte, puede contradecir el derecho a la igualdad entre las personas como valor fundamental de la Unión Europea, consagrado en los tratados y la Carta de Derechos Fundamentales. El objetivo aquí será el de delimitar jurisprudencialmente los rasgos, criterios y alcance, en atención a su finalidad, que deben atender estas medidas.
The ruling of the Court of Justice of the European Union of May 15, 2025, which determined that the supplement to reduce the gender gap in contributory pensions is discriminatory toward men, has been a real blow to affirmative action measures in our country. The problem is that the recognition of equal opportunities, and consequently, the measures that must be used to achieve true equality, do not have a legal framework in the European Union legal system that determines the parameters on which these measures must be structured. Allowing States to establish them in their different legislations forces the Court of Justice of the European Union, in the face of the numerous preliminary rulings submitted to it, to undertake genuine scrutiny, without a legal framework to support the adopted measure. Furthermore, this may contradict the right to equality between persons as a fundamental value of the European Union, enshrined in the Treaties and the Charter of Fundamental Rights. The objective here will be to delimit jurisprudentially the features, criteria and scope, taking into account their purpose, that these measures must address.
