En el marco de las reformas operadas por la Ley federal norteamericana Sarbanes-Oxley de 2002, para la mejora de la protección de los trabajadores que denuncian irregularidades de sus empresas, en especial frente a represalias laborales como la del despido, la Corte Suprema de los Estados Unidos clarifica el nivel de prueba exigible al trabajador represaliado, luego demandante ante las Cortes federales, para que se produzca el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el empleador. En juego, en el concreto caso enjuiciado por la Corte Suprema, una indemnización de daños y perjuicios padecidos por el trabajador de muchos cientos miles de dólares. Una indemnización cuya cuantía resulta muy sorprendente en el plano del Derecho comparado, si analizado desde nuestra perspectiva española.
Within the framework of the amendments introduced by the U.S. federal Sarbanes-Oxley Act of 2002 to improve the protection of whistleblowers, especially in the face of retaliation, as in the case they are fired, the Supreme Court of the United States clarifies the level of proof required of a retaliated employee, who is then a plaintiff before the federal Courts, in order to shift the burden to the employer. At stake, in the specific case before the Supreme Court, is an award of damages suffered by the employee of many hundreds of thousands of dollars. An award whose amount is very surprising in comparative law, if analyzed from our Spanish perspective.