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El presente trabajo analiza la evolución del modelo judicial de apoyo a las personas con discapacidad a través del estudio comparado de la STC 38/2023 (ECLI:ES:TC:2023:38) y la STS 3430/2024 (ECLI:ES:TS:2024:3440). Ambas resoluciones consolidan el principio de proporcionalidad como eje de legitimidad de la intervención judicial, articulando el equilibrio entre autonomía y protección. Mientras el Tribunal Constitucional delimita los límites materiales de la actuación coactiva del Estado, el Tribunal Supremo concreta su aplicación práctica en el ámbito civil. El ensayo destaca sus convergencias doctrinales, sus matices interpretativos y su contribución conjunta a la consolidación de un modelo de justicia inclusiva.
