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En el artículo se analiza la relación entre dos de las realidades más complejas que enfrenta Colombia en la actualidad: la implementación del Acuerdo Final de 2016 para poner término al conflicto armado, y las olas migratorias provenientes de Venezuela y de otros países de la región. A través de una investigación cualitativa, fundamentada en el análisis de fuentes documentales en contraste con entrevistas semiestructuradas, se concluye que la presencia de la población inmigrante en el territorio estudiado no incrementa la criminalidad de la zona, por el contrario, se evidencia que los migrantes son sujetos altamente vulnerables. El análisis de dichas realidades permite establecer sinergias que orienten a la política pública desde un enfoque de derechos humanos.
