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La LECO se promulgó en un contexto normativo que a día de hoy ha cambiado notablemente. Con posterioridad a ésta le han sucedido numerosas leyes sectoriales relacionadas directa o indirectamente con la materia, si bien la más destacable es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.
La modificación de la LECO pretende introducir una serie de mecanismos orientados con los principios y los objetivos de la Estrategia de la UE sobre biodiversidad 2030. Se trata de medidas para reforzar su sistema actual y garantizar una gestión y una respuesta eficaz frente a las agresiones al medio natural, por ejemplo mediante la implantación de un protocolo de bioseguridad, la creación del Catálogo de especies exóticas invasoras de las Illes Balears, la actualización del régimen de protección cautelar existente, la creación de un procedimiento de urgencia para la declaración de un espacio natural protegido, la posibilidad de adoptar medidas preventivas para salvaguardar los valores naturales de un determinado espacio en peligro, el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la restauración ambiental de una zona a consecuencia de su alteración, o la extensión de la aplicación del régimen de protección cautelar actual (artículo 8 de la Ley 5/2005) a las figuras europeas de la Red Natura 2000, entre otros.
En realidad, se trata más bien un punto de inflexión hacia una futura ley del patrimonio natural de las Illes Balears.
Esta modificación tiene una doble vertiente. Por un lado, se trata de una reforma eminentemente técnica, que se materializa principalmente en la modificación de los procedimientos de elaboración y aprobación de los diferentes instrumentos de planeamiento ambiental (los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, los planes de gestión Natura 2000, etc.) y del procedimiento de declaración de los espacios naturales protegidos.
La simplificación del régimen actual pasa también por eliminar dos figuras cuya finalidad puede ser cubierta por otras existentes. Es el caso de los lugares de interés científico y las microrreservas.
En definitiva, la finalidad de la modificación es garantizar y dar un impulso para que la acción administrativa y las políticas públicas se orienten hacia la consecución de los objetivos de la Estrategia 2030.
