¿En qué momento una defensa técnicamente discutible deja de ser una opción estratégica legítima y se convierte en una defensa ineficaz con relevancia constitucional? ¿Hasta dónde pueden —y deben— los tribunales supervisar lo que, por definición, pertenece al ámbito de la autonomía profesional del abogado? El reciente Auto 8588/2025 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aborda estas preguntas y ofrece un paso adelante en un terreno poco explorado en la jurisprudencia española: la defensa ineficaz.