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Marcela Ramírez Morera, Sergio Sánchez París
España ha vivido, desde la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006, un avance y consolidación de los derechos de este colectivo. Sin embargo, a pesar de que esta Convención no introduzca ningún nuevo derecho, ha supuesto un cambio de pa- radigma en la protección jurídica de las personas con discapacidad. Su telos reside en afianzar los derechos preexistentes, tanto en cuanto se hace referencia a lo más bá- sico: la capacidad jurídica. ¿De qué sirve tener derechos si luego hay colectivos que no pueden ser titulares de ellos? En este sentido, el presente trabajo aborda uno de los conflictos en los que el legislador ha tratado de resolver. Esto es, el destierro de las antiguas «incapacitaciones» y, por ende, la sustitución del sistema de tutela por un modelo de apoyos. Aquí entra en juego la curatela. Esta medida es la que por an- tonomasia requiere la intervención judicial, ya que para su designación necesita de una resolución motivada. En consecuencia, en esta investigación, se estudiará el im- passe que se encierra en esto último, es decir, en el método de resolución y en la forma de motivar.
Since the entry into force of the United Nations International Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006, Spain has experienced real and effective progress and consolidation of the rights of this group. This Treaty, although it does not introduce any new rights, has meant a paradigm shift in the legal protection of pe- ople with disabilities. However, its telos lies in consolidating pre-existing rights, both insofar as reference is made to the most basic: legal capacity. What is the point of ha- ving rights if there are groups that cannot own them? In this sense, this work will ad- dress one of the problems that the Spanish legislator has tried to solve. That is, the banishment of old disabilities and, therefore, the replacement of the guardianship system with a support model. This is where conservatorship comes into play. This me- asure is the one that par excellence requires judicial intervention, since its designation requires a reasoned resolution. Consequently, in this research, the problems involved in the latter will be studied, that is, in the resolution method and the way of motivating.
