Rafael Santos Echevarría
Entre 2007 y 2010, España vivió una auténtica fiebre por las energías renovables. El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y las normas que lo siguieron, como el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, configuraron un régimen económico excepcionalmente atractivo, basado en primas y tarifas reguladas que garantizaron rentabilidades elevadas y estables. En pocos años, el país se convirtió en destino prioritario para inversores internacionales que vieron en la seguridad jurídica española y en su marco europeo una oportunidad de retorno sostenible. Aquella política impulsó un fuerte ciclo de inversión, pero también generó un déficit de tarifa creciente que, a la postre, marcaría el rumbo de los años siguientes.