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El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción propone modificar el art. 23 de la Ley 3/2015 para introducir controles aleatorios sobre el patrimonio de los altos cargos, superando así el actual modelo, que prevé que, al finalizar su mandato, deben someterse a un examen de su patrimonio. La medida, que se alinea con las recomendaciones internacionales, trata de reforzar la transparencia y, a su vez, puede, y en esto se centran estas páginas, dotar de un marco de aplicación al art. 438 bis CP, cuya operatividad práctica había sido hasta ahora nula.
