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El presente trabajo tiene como objeto un análisis jurídico de la implementación del paradigma de la economía circular en el Derecho de la Unión Europea, con un estudio comparado de Italia y España. Partiendo del marco estratégico europeo, se examina cómo ambos países incorporan los principios de la economía circular en sus ordenamientos nacionales, con especial atención a la arquitectura institucional y constitucional y a las capacidades administrativas. Aunque muestran una convergencia normativa con el marco de la UE, enfrentan desafíos comunes en cuanto a capacidad institucional, cohesión territorial y participación ciudadana. El estudio sostiene que la economía circular representa una transformación estructural que requiere cooperación institucional, participación democrática y adaptación cultural. Se concluye que el Derecho europeo sin duda debe integrar y armonizar, pero teniendo en cuenta las diversidades territoriales. La superación de retos como las disparidades regionales y el déficit participativo demanda una gobernanza multinivel eficaz y una interpretación flexible del Derecho de la UE para lograr una transición justa y democrática.
The purpose of this paper is to provide a legal analysis of the implementation of the circular economy paradigm in European Union law, with a comparison between Italy and Spain. Starting from the European strategic framework, it examines how both countries incorporate the principles of the circular economy into their national legal systems, with special attention to institutional and constitutional architecture, as well as administrative capacities. Although they show normative convergence with the EU framework, they face common challenges in institutional capacity, territorial cohesion, and citizen participation. The study argues that the circular economy represents a structural transformation that requires institutional cooperation, democratic participation, and cultural adaptation. It concludes that EU law must indeed integrate and harmonise, but taking territorial diversities into account. Overcoming challenges such as regional disparities and participation deficits demands effective multi-level governance and a flexible interpretation of EU law to achieve a just and democratic transition.
