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Madrid, España
En la Sentencia 1626/2024, de 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo ha rechazado el exequatur de una sentencia extranjera que valida un contrato de gestación por sustitución y que atribuye la paternidad de los niños a los padres comitentes, porque es contrario al orden público. Los derechos fundamentales y los principios constitucionales recogidos en el Título I de la Constitución, entre los que se encuentran los derechos a la integridad física y moral de la mujer gestante y del menor, y el respeto a su dignidad, integran ese orden público que impide el reconocimiento de las resoluciones extranjeras.
En este asunto, el Tribunal Supremo añade que en Estados Unidos la gestación por sustitución constituye un enorme negocio en el que los padres comitentes desembolsan importantes cantidades de dinero y una parte es recibida por la mujer gestante, por lo que el consentimiento antes del parto, ha sido obtenido mediante compensación de algún tipo. En mi opinión, se equivoca el Tribunal Supremo, porque no se puede abordar la gestación por sustitución de manera tan general, sino que ha de atenderse al caso concreto, ya que tal y como señalara el TEDH, en los asuntos Mennesson y Labassee, debe seguirse una concepción restrictiva y específica del orden público internacional.
In Judgment 1626/2024, of December 4, 2024, the Supreme Court rejected the exequatur of a foreign judgment validating a surrogacy contract and attributing paternity of the children to the intended parents, because it is contrary to public policy. The fundamental rights and constitutional principles enshrined in Title I of the Constitution, which include the rights to physical and moral integrity of the surrogate mother and the child, and respect for their dignity, constitute this public policy that prevents the recognition of foreign decisions.
In this case, the Supreme Court adds that in the United States, surrogacy constitutes a huge business in which the intended parents disburse significant amounts of money, a portion of which is received by the surrogate mother. Therefore, consent before birth has been obtained through some form of compensation. In my opinion, the Supreme Court is mistaken, because surrogacy cannot be approached in such a general way, but rather must be addressed individually. As the ECHR pointed out in the Mennesson and Labassee cases, a restrictive and specific conception of international public order must be followed.
