La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que, si el Congreso rechaza el proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, su departamento aprobará un decreto que endurecerá el registro horario. La propuesta incluye una herramienta digital obligatoria para monitorizar las horas trabajadas y aumentar las sanciones por incumplimientos, con multas de hasta 10.000 euros. La Inspección de Trabajo tendrá acceso inmediato y remoto a los registros, que deberán ser conservados cuatro años. El proyecto deja un limitado espacio a la negociación colectiva.