El Tribunal Supremo dictaminó el 16 de julio que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse judicialmente, defendiendo la seguridad jurídica del sistema actual. Aunque con votos particulares, el fallo unifica doctrina. Pese a ello, el Ministerio de Trabajo insiste en reformar el sistema; una medida que cuenta con la oposición empresarial. Y es que el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar busca adaptar la normativa a la Carta Social Europea, teniendo en cuenta que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha señalado dos veces que España viola este tratado. Las decisiones sobre la indemnización y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, cuyo debate se pospuso para después del verano por falta de apoyo parlamentario, serán abordadas tras el descanso estival.