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Carlos Javier Durá Alemañ 
En el actual contexto de crisis energética y climática, se precisa establecer mecanismos para poder realizar la transición energética de forma participativa. En este sentido, el Parlamento de La Rioja instó al Gobierno riojano a declarar la emergencia climática y solicitó la elaboración de un proyecto de ley de cambio climático redactado con la participación de las organizaciones ecologistas, agrarias, ganaderas y empresariales.
Hace escasamente unos 8 meses, el Gobierno regional publicó el borrador del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático de La Rioja en su Portal de Transparencia con el objetivo de iniciar su trámite de audiencia pública.
Tomando como base a este anteproyecto se pretende facilitar la descarbonización de la economía y la transversalidad de la ambición climática al conjunto de las Administraciones y sectores económicos; la transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; el impulso a la movilidad sostenible; o promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de calidad y contribuya a la reducción de las desigualdades.
Y, por todo ello, el texto prevé herramientas de planificación como el Plan Regional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa de La Rioja o el Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático.
La acción ante el cambio climático ha de ser integral y debe ir acompañada de políticas sectoriales coherentes y coordinadas con todo el entramado social riojano tanto en el ámbito público como privado.
Por consiguiente, y tratando de realizar un ejercicio eficaz de estas competencias, se requiere una organización adecuada, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, dentro de las contempladas en la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático (ARTECC), objeto de esta ley, tiene como finalidad el otorgamiento a la sociedad riojana de la capacidad de disponer de una tramitación eficiente de todas las instalaciones de energía renovable, tanto generadoras como de transporte y distribución, la posibilidad de gestionar las ayudas provenientes de las diferentes Administraciones y que deben revertir en el entramado social riojano y, por último, poder asegurar una planificación de la política energética y de adaptación al cambio climático acorde a las necesidades de la Comunidad en el medio y largo plazo.
En definitiva, se pretende una organización especializada en la energía impulsora, gestora e interlocutora con otros entes, favoreciendo actuaciones conjuntas en materia de energía en beneficio de la Comunidad Autónoma y sin perder de vista la necesidad de una transición energética justa en el seno de los objetivos de desarrollo sostenible y de adaptación al cambio climático.
La forma que se adopta es la de entidad pública empresarial, por ser la figura más adecuada para el cumplimiento de sus fines. Esta figura, que permite disponer tanto de funcionarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja como de personal laboral, permite una mayor flexibilidad de actuación ante el traspaso de la gestión de ayudas de los ministerios, la convocatoria de proyectos europeos y la planificación a medio y largo plazo de la política energética de La Rioja. Asimismo, permite a otros organismos de la Comunidad ser beneficiarios de aquellas ayudas y subvenciones que tuviesen como organismo sustantivo a la Agencia.
