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El estudio examina la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 8 de octubre de 2025, que se aparta del principio de intervención judicial mínima en el arbitraje y acaba configurando una auténtica anti-suit injunction contra un árbitro que había afirmado su competencia. La resolución sustituye los cauces naturales de revisión previstos en la Ley de Arbitraje —como la recusación del árbitro por las vías procesales específicas o la eventual acción de anulación del laudo una vez dictado— por una respuesta penal ajena al sistema arbitral. Con ello, el Tribunal desdibuja la autonomía de la voluntad de las partes y vulnera el principio kompetenz-kompetenz, al someter la actuación del árbitro a un régimen de obediencia frente al juez. En consecuencia, el razonamiento judicial degrada el arbitraje a una jurisdicción subordinada e introduce una seria distorsión en el equilibrio institucional entre juez y árbitro.
