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El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 considera la promoción de gases renovables como una de las medidas clave de descarbonización de la economía. Uno de los principales mecanismos para favorecer su despliegue es la determinación de un sistema de garantías de origen que acredite la utilización de fuentes renovables en la producción de los mismos. La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, define las garantías de origen como aquel documento electrónico cuya única función es acreditar ante un consumidor final que una cuota o cantidad determinada de energía se ha producido a partir de fuentes renovables.
En el ámbito nacional, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en su artículo 12 dedicado al fomento y objetivos de los gases renovables, y el citado PNIEC, en su medida 1.8, señalan la necesidad de establecer un sistema de garantías de origen de gases renovables que acredite la procedencia y trazabilidad de los mismos y el impacto ambiental asociado a su producción y uso.
Consecuentemente con lo anterior, la creación de este sistema se prevé en la «Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable» y en la «Hoja de Ruta de Biogás», aprobadas por el Consejo de Ministros, el 9 de octubre de 2020 y el 22 de marzo de 2022.
Con la creación de este sistema de garantías de origen se da total cumplimiento al hito 130 asignado a la Componente 9, reforma 1, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dentro de este contexto, la presente orden tiene por objeto aprobar el procedimiento de gestión del sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. La finalidad de la norma es, por tanto, permitir a tal procedimiento entrar en vigor, otorgando seguridad jurídica a los sujetos que deseen participar en el sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables y satisfaciendo los principios de transparencia, objetividad, eficiencia en la gestión y no discriminación entre los sujetos afectados, bajo los cuales ha de ejercer sus funciones la Entidad Responsable.
El contenido de la norma se concreta en cuatro artículos y dos disposiciones finales. Dentro del articulado, se regula el objeto, finalidad y ámbito de la orden ministerial, así como la aprobación del procedimiento de gestión y sus eventuales modificaciones.
