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Paloma de Barrón Arniches
En el contexto de unas Jornadas centradas en los derechos subjetivos, vuelvo la mirada hacia la situación en que se encuentran las personas con discapacidad. Para ello me propongo el análisis –siquiera sea somero e indiciario por el breve lapso de tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021– de la eficacia de la tan comentada reforma legal. Así pues, para tratar de dar una respuesta cabal a la pregunta sobre los derechos subjetivos de las personas con discapacidad, acudo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para constatar si ya contamos con criterios jurisprudenciales que faciliten la interpretación de las nuevas disposiciones, y a la jurisprudencia menor para vislumbrar el retrato más reciente de la sociedad española, en pleno proceso de adaptación a la reforma legal.
Conviene advertir, sin embargo, que este breve análisis se ciñe al ejercicio del derecho a contratar y el derecho a testar de las personas que padecen alguna discapacidad dejando, por tanto, fuera otros muchos aspectos que les atañen.
In the context of a conference focusing on subjective rights, an examination of the legal situation of persons with disabilities necessarily implies an analysis –preliminary given the recent enactment of Law 8/2021– of the effectiveness of this widely debated reform. To assess the current state of the law, this study turns to case law, particularly that of the Supreme Court, to determine whether stable interpretative criteria have emerged, and that of the Provincial Courts, which provide a closer reflection of societal adaptation to the new legal framework. The analysis focuses on two fundamental rights: the capacity of persons with disabilities to contract and to make a will, examining judicial responses to these crucial aspects of legal autonomy.
