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Francisco Jiménez García
La libertad de expresión, los discursos de odio y la desinformación en el marco de la era digital copan las agendas de los Estados y de las Organizaciones internacionales. Las tensiones inherentes entre estos principios y los medios de actuación han dado lugar a diversas respuestas. Ante la regulación normativa internacional del derecho a la libertad de expresión y sus excepciones, se ha optado por el soft-law como medio para prevenir y erradicar los discursos de odio y sus graves consecuencias. Frente a la criminalización exclusiva de los delitos de odio que inciten a la violencia y la discriminación conforme a ciertos factores contextuales (Principios del Plan de Rabat), en el marco europeo se ha optado por primar y ampliar el marco contextual del riesgo inminente para sancionar penalmente estos discursos. Por otra parte, la retórica divisoria y amenazante de la desinformación y el odio ha generado un reglamentario efecto Bruselas y una singular cláusula de cibersolidaridad, enfocados principalmente a las empresas cibertecnológicas y a las amenazas exteriores respectivamente, cuyas referencias han sido asumidas de forma asertiva por los Pactos para el Futuro y Global Digital de las Naciones Unidas.
Freedom of expression, hate speech, and disinformation in the digital age are currently and urgently appearing on the agendas of States and international organizations. The inherent tensions between these principles and means of action have led to various responses. In contrast to the international normative regulation of the right to freedom of expression and its exceptions, soft law has been chosen to prevent and eradicate hate speech and its serious consequences. While the exclusive criminalization of hate crimes that incite violence and discrimination according to certain contextual factors (Rabat Plan Principles) has been promoted, the European framework has opted to prioritize and expand the contextual framework of imminent risk to criminally sanction hate speech. On the other hand, the divisive and threatening rhetoric of disinformation and hate has generated a regulatory Brussels effect and a particular cyber-solidarity clause, mainly focused on cyber technology companies and external threats respectively, whose references have been assertively adopted by the United Nations’ Pacts for the Future and Global Digital Compact.
