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Eva Blasco Hedo 
Al compás de los incendios forestales que han arrasado alrededor de 336.345 hectáreas en toda España solo en el mes de agosto, según datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), del programa Copernicus, que constituye el récord de superficie quemada desde 1994; y cuando todavía huele a socarrado en buena parte del territorio de Castilla-León, Galicia y Extremadura, aflora este Real decreto de nueve folios publicado en el Boletín Oficial el último día hábil del mes de agosto, anunciando criterios y directrices comunes, al que presumiblemente se unirán otros publicados por las CCAA afectadas en sus respectivos boletines oficiales.
Es de esperar que todos estos criterios se apliquen y que vengan acompañados de la suficiente financiación para garantizar su implantación. Lo contrario equivaldría a frases habituales y reiterativas “algo hay que hacer” o “que no digan que no hacemos nada”. Eso sí, ahora, luego ya veremos. Recordemos que legislar no es un fin en sí mismo, sino que las normas se aprueban, se aplican y se cumplen en aras al interés general. El interrogante que nos planteamos es si no existían ya normas y planes que garantizasen la evaluación de riesgos y la prevención de los incendios forestales a lo largo de todo el año, cuando parece de sentido común.
Analicemos brevemente el contenido del presente Decreto. Su objeto es aprobar las directrices y criterios comunes con la finalidad de que se constituya un marco común para la elaboración de los planes anuales autonómicos en aras a la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales; que conforme al artículo 48 apartado 5.a) de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, tienen naturaleza de instrumentos de ordenación preferente para el conjunto de las políticas territoriales.
Se estructura en un artículo único, una disposición adicional y tres disposiciones finales. En la primera de estas últimas se establecen las funciones del Comité de lucha contra incendios forestales, al que corresponde analizar los criterios y directrices establecidos en este real decreto, al objeto de realizar las valoraciones y propuestas técnicas que resulten necesarias; y recomendar la adopción de otro tipo de actuaciones que tengan por finalidad mejorar la planificación en la vigilancia, prevención y extinción de los incendios forestales.
La segunda disposición final remite a una posterior Orden ministerial el desarrollo de la presente norma.
Con posterioridad se establece el contenido técnico de los referidos planes anuales, en los que se incluyen: información contenida en los planes anuales; análisis territorial; análisis de riesgo y zonificación; puntos estratégicos de gestión y áreas de actuación singularizada; épocas de peligro; catálogos de medios y recursos; indicadores de medidas preventivas; estadísticas y regulación de usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales, en relación con los distintos niveles de riesgo y de las prohibiciones o limitaciones.
Finalmente, en el anexo figura una tabla de carácter técnico con los indicadores en materia de prevención.
¿Algún aspecto realmente novedoso?
