En este artículo se analiza la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción. Sin duda, un tema que desgraciadamente ocupa en la actualidad un gran espacio en los telediarios debilitando así la credibilidad de nuestras instituciones. Además, distintos estudios han cifrado su coste económico en una cantidad ingente de miles de millones de euros al año para la economía de la Unión Europea. La corrupción es una lacra cuyo coste institucional y económico ha empezado a ser especialmente preocupante en los últimos años con el incremento de corruptelas instauradas en nuestras instituciones públicas. Ante este contexto, la Unión Europea ha decidido dar un paso hacia delante regulando, por primera vez en un solo acto jurídico, normas sobre corrupción para los sectores público y privado. Todo ello, a través de un proceso de armonización con el establecimiento de mínimos para las infracciones y sanciones penales por corrupción, así como con la implementación de mecanismos que refuercen la cooperación entre Estados miembros para prevenir y luchar conjuntamente frente a este fenómeno.