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Thomas J. Boerman, Tommie Sue Montgomery
La puesta en marcha del régimen de excepción en El Salvador desde marzo de 2022 no es única ni principalmente una estrategia de seguridad pública o de desarticulación de las pandillas. A pesar del aparente respaldo de la opinión pública hay abundante evidencia de una intencionalidad de parte del actual gobierno salvadoreño por infligir crueldad y sufrimiento en la sociedad. El régimen de excepción debe entenderse articulado a: un conjunto de prácticas político electorales que limitan el ejercicio democrático; la instauración de un régimen de partido único; acciones de desmantelamiento institucional; disposiciones de control de la información y hostigamiento de la libre expresión; supresión de garantías procesales y desapariciones forzadas; políticas de seguridad represivas; y corrupción estructural amparada en el mismo régimen. De ahí que sea posible afirmar que en El Salvador existe un conjunto sistemático e integrado de estrategias encaminadas a destruir el Estado de derecho y perpetuar la injusticia.
The implementation of the State of Emergency in El Salvador since March 2022 is not solely or primarily a public security or gang dismantling strategy. Despite apparent public support, there is abundant evidence of the current Salvadoran government’s intention to inflict cruelty and suffering on society. The State of Emergency must be understood as encompassing: a set of political and electoral practices that limit the exercise of democracy; the establishment of a single-party regime; institutional dismantling; provisions for information control and harassment of free expression; suppression of due process and enforced disappearances; repressive security policies; and structural corruption protected under the same regime. Hence, it is possible to affirm that in El Salvador there is a systematic and integrated set of strategies aimed to destroy the rule of law and perpetuate injustice.
