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Alejandra Boto Álvarez 
Dirimir conflictos competenciales, que afectan a cómo se distribuye el ejercicio del poder en España dentro de la particular organización territorial es una de las tareas más importantes de su Tribunal Constitucional. Y sigue siéndolo a pesar de todo el acervo doctrinal construido durante más de cuarenta años de vigencia de la actual Constitución. Entre otras cosas, y eso es lo que explora el presente trabajo considerando algunas de sus sentencias más recientes, por razones que en cierta forma son globales: implosión del sistema de fuentes, nuevas formas de regulación y una fuerte polarización sociopolítica que lleva a interpretar con recelo cualquier posible conflicto. Todo esto dentro de un marco ya complejo de partida y susceptible de mayor embrollo en los resquicios de la calidad técnica de las leyes. Ello, si bien en principio es cuestión ajena al control de constitucionalidad, no puede desligarse en realidad de la verdadera existencia de un problema competencial.
One of the most important tasks of the Spanish Constitutional Court is to settle conflicts of competence, regarding how power is distributed within Spain’s particular territorial organisation. Today, it continues to be so despite all the doctrinal acquis built up over more than forty years of the current Constitution. Among other things, and this is what this paper explores by considering some of its most recent rulings, for reasons that are somewhat global: implosion of the system of sources, new forms of regulation and a strong socio-political polarisation that leads to question with suspicion any possible conflict. All of this in a framework already complex from the outset and susceptible to further obscurity through the loopholes of legislative technique. These, although in principle are issues outside the control of constitutionality, cannot be separated from the real existence of a problem of competence.
