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La regulación del sistema de Cámara Gesell en la legislación procesal penal de la provincia de La Rioja presenta dos falencias: 1) Falta de sistematización en su regulación y, como consecuencia de ello, 2) Negación de la especial vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNyA) víctimas o testigos de delitos que deben declarar a través de dicho procedimiento. Ambas debilidades dificultan el uso adecuado de dicha herramienta y al mismo tiempo afectan especialmente los derechos de los NNyA que deben atravesar un procedimiento judicial –especialmente frente a hechos que afectan su integridad sexual-. En este artículo se abordará la segunda de las falencias aludidas, provocada con el dictado de la Acordada N° 281 del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (en adelante TSJ), la cual suprimió la posibilidad de que el profesional de la psicología interviniente emita un informe técnico respecto de su intervención.
The regulation of the Gesell Chamber (hereinafter GC) system in the criminal procedural legislation of the province of La Rioja has two shortcomings: 1) Lack of systematisation in its regulation and, consequently, 2) Denial of the special vulnerability of children and adolescents (hereinafter BGTY) victims or witnesses of crimes who must testify through this procedure. Both weaknesses hinder the proper use of this tool and at the same time especially affect the rights of children and adolescents who must go through a judicial procedure -especially in the face of events that affect their sexual integrity-. This article will address the second of the hortcomings, caused by the issuance of Resolution No. 281 of the High Court of Justice of La Rioja (hereinafter TSJ).
