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Rafael González Ballar
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Hospital, Costa Rica
El artículo analiza la evolución jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica en materia ambiental, en el cual se destaca cómo sus criterios de admisibilidad respecto al recurso de amparo han pasado de una apertura amplia, sustentada en el principio pro actione, hacia una delimitación cada vez más rigurosa frente a la jurisdicción ordinaria. Esta transformación, marcada por decisiones casuísticas y la ausencia de sistematización, podría generar inseguridad jurídica y riesgos de injusticia ambiental y climática. A través del estudio de estándares interamericanos —incluidas las Opiniones Consultivas OC-23/17 y OC-32/25 de la Corte IDH— el texto propone una interpretación progresiva, pro homine y pro natura, que refuerce el control de convencionalidad, la protección del derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el uso del amparo como vía efectiva para garantizar la participación pública, la transparencia y la justicia ambiental y climática. Asimismo, se sugiere a la Sala Constitucional adoptar criterios claros y armonizados con el bloque de constitucionalidad, de modo que se estandarice su doctrina para fortalecer la seguridad jurídica y la efectividad judicial.
This article examines the evolving jurisprudence of Costa Rica’s Constitutional Chamber in environmental matters, highlighting its shift from a broadly inclusive approach—grounded in the pro actione principle—towards increasingly restrictive criteria regarding jurisdiction over environmental amparo proceedings. This transition, shaped by case-by-case decisions and the lack of systematic consolidation, has fostered legal uncertainty and heightened risks of environmental and climate injustice. Drawing on inter-American standards—especially Advisory Opinions OC-23/17 and OC-32/25 issued by the Inter-American Court of Human Rights—the authors advocate for a progressive interpretation, pro homine and pro natura, that strengthens conventionality control and affirms the right to a healthy environment as a human right. The article defends the amparo’s role as an effective pathway to ensure public participation, transparency, and climate justice, and urges the Constitutional Chamber to adopt clear, harmonized criteria aligned with the constitutional environmental bloc, thereby enhancing legal certainty and judicial effectiveness.
