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Hospital, Costa Rica
La diversidad cultural es un tema delicado para tratar en un contexto jurídico monista que reconoce como única juridicidad válida la promulgada por los poderes de la república. Costa Rica ha incorporado el uso de los peritajes antropológicos como forma de reconocimiento de las diferentes nociones de Derecho que habitan en los pueblos indígenas de nuestro país. Sin embargo, dichos peritajes encuentran dos principales problemas. Por un lado, la solicitud por parte de los tribunales realiza petición taxativa que impide que el quehacer antropológico exponga ampliamente la situación cultural que se da; por otro lado, la propia diversidad dentro de las comunidades representa un panorama donde diferentes grupos pueden tener nociones de derecho propio que se oponen entre sí. El caso de los conflictos de tierra en la comunidad indígena de Cabagra es ejemplo de cómo en una misma cultura puede haber diferentes respuestas para un mismo problema y cómo el sistema judicial oficial representa un muro para el dialogismo cultural. Es necesario hacer esfuerzos para que el peritaje antropológico sea mejor incorporado en nuestro sistema judicial y represente una verdadera herramienta para el respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas y para el ejercicio de la justicia.
Cultural diversity is a sensitive issue in a monistic legal system that only recognizes the legally valid framework promulgated by state powers. Costa Rica has adopted anthropological expert reports to acknowledge the distinct legal notions held by indigenous peoples. However, these reports face two key challenges: first, courts often impose restrictive requests that prevent anthropologists from fully contextualizing cultural realities; second, internal diversity within communities creates competing notions of customary rights. The land conflicts in Cabagra exemplify how a single culture can generate divergent responses to the same issue, and how the official judicial system acts as a barrier to intercultural dialogue. To ensure respect for indigenous cultural rights and effective justice, anthropological expert reports must be better integrated into the judicial process.
