Conforme la Administración penitenciaria, más allá de la ejecución de la pena de prisión, ha ido asumiendo competencias en el conocido como Sistema penal alternativo, el personal al servicio de aquélla ha extendido también sus funciones a ese ámbito, en el que se gestionan anualmente cerca de 100.000 resoluciones judiciales que impusieron penas de trabajos en beneficio de la comunidad o decidieron suspensiones, sustituciones de condena o sometimiento a reglas de conducta previstas en el Código Penal.