Este artículo analiza el fenómeno de la desinformación desde un enfoque jurídico-crítico, explorando sus implicaciones para la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz. Examina la dificultad de establecer una regulación penal sin vulnerar derechos fundamentales, revisando propuestas legislativas en España y la Unión Europea. Se detiene en los tipos penales ya existentes que podrían aplicarse a casos de fake news y en las limitaciones del derecho penal simbólico. Asimismo, aborda las estrategias de autorregulación, alfabetización mediática y fact-checking como herramientas más eficaces a largo plazo. El texto concluye planteando que las fake news requieren respuestas multifacéticas que equilibren libertad y protección democrática.