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El texto aborda la regulación y aplicación de la prueba de ADN en el proceso penal español, destacando su importancia pero también la falta de una normativa completa. Desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2003, la jurisprudencia ha delineado su uso y limitaciones. Aunque se permite el uso sistemático de ADN para investigación, exige garantías legales y judiciales para preservar derechos fundamentales. La jurisprudencia es fundamental en su desarrollo, pero aún queda margen para mejorar la regulación normativa.
