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El trabajo aborda la motivación de los actos administrativos como garantía esencial del Estado de Derecho y mecanismo para evitar la arbitrariedad. Se examinan las consecuencias de su omisión, desde la anulabilidad hasta la nulidad de pleno derecho, y los criterios de calidad que debe reunir una motivación suficiente (claridad, coherencia, proporcionalidad y transparencia). El estudio identifica problemas frecuentes en la práctica —motivaciones estereotipadas, genéricas, incongruentes o defectuosas— y ofrece claves para su corrección, con especial atención a la Administración Local y a los retos de la administración digital y la inteligencia artificial
