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Camilo Andrés Vargas Machado, Julie Armenta Calderón
Este artículo de revisión analiza cómo la Corte Constitucional de Colombia interpreta y fortalece jurídicamente la economía social solidaria en tensión con el mercado y busca evidenciar cómo la Corte ha interpretado y delimitado, desde 1991, la economía solidaria y el derecho cooperativo en clave garantista. Se discuten los alcances constitucionales de la economía social solidaria; donde la disputa central gira en torno a su tensión con la intervención estatal. Para ello, se estructuró un diseño cualitativo de método inductivo, paradigma interpretativo, aplicando enfoque hermeneútico, con una técnica documental y de revisión, con un muestreo de 239 acciones constitucionales de tutela y de control constitucional, para luego seleccionar 13 Sentencias de control de constitucionalidad, con una categoría de análisis y tres categorías teóricas. Con ello, se logró evidenciar normativas constitucionales, vacíos legislativos y convergencias jurisprudenciales que configuran un modelo plural, dinámico y garantista. Se concluyó que la Corte ha consolidado una doctrina garantista al armonizar autogestión solidaria y control estatal, sumado a que el derecho cooperativo puede orientar el fortalecimiento del cooperativismo y la economía social solidaria, ya que el derecho cooperativo configura el marco normativo; el cooperativismo, su expresión ideológica y la economía solidaria, el sistema socioeconómico articulador.
