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María del Pino Domínguez Cabrera
La Comunidad Autónoma de Canarias tiene la base legal para trabajar en la economía social y, sin duda, no debe quedar ajena a esa necesidad. En este contexto, se examina la economía social en el ámbito territorial, aportando soluciones a problemas interpretativos del ordenamiento jurídico español. Estas soluciones resultan innovadoras, ya que contribuyen de forma positiva a una definición más precisa del concepto, especialmente considerando que el marco legislativo estatal ha comenzado un proceso de reforma, lo que implicará cambios en las normas específicas relacionadas con la economía social. Esto introduce un aspecto dentro del debate jurídico que se abre como resultado de las reformas y tiene como referente de actuación a los principios cooperativos.
