Las normas de la UE permiten la reasignación temporal de jueces si es legítima y limitada, consideran la compra de certificados verdes como actividad de suministro eléctrico, exigen que los acuerdos marco tengan duración y volumen máximo definidos, sancionan contratos adjudicados ilegalmente y no impiden su anulación aunque el motivo real sea la pérdida de rentabilidad