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, Itxaso Martin Irigoyen
El artículo versa sobre la necesidad de ponderar el derecho de la persona adoptada a conocer los orígenes biológicos frente al derecho de privacidad de la madre biológica en casos de parto anónimo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en Francia y la experiencia práctica de la mediación en la Diputación Foral de Gipuzkoa al aplicar la legislación que desde 2005 establece un derecho prácticamente absoluto de que el Estado facilite a la persona adoptada toda la información disponible en sus archivos sobre la identidad de su madre biológica también en los casos en los que la legislación anterior a la reforma de 1999 del Registro Civil permitía el parto bajo anonimato por solicitud de la madre. El artículo presenta el contraste entre la legislación francesa que requiere el acuerdo de la madre biológica para proporcionar su nombre y sus consecuencias en dos casos tratados recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Cherrier c. Francia y los casos Gauvin-Fournis y Sillau c. Francia, sobre la donación anónima de gametos. La legislación francesa de Bioética de 2021 ya no permite la donación anónima de gametos, pero no tiene carácter retroactivo. En la segunda parte del artículo se presentan por primera vez los resultados de la mediación llevada a cabo por la Diputación Foral de Gipuzkoa desde que comenzó su tarea de mediación en 2005 hasta la actualidad entre las personas adoptadas y las madres biológicas que habían dado a luz de manera anónima. Después de exponer los datos estadísticos y de recoger la experiencia real de 320 casos de mediación entre las personas adoptadas y las correspondientes entrevistas a las madres biológicas, concluyen que la legislación española actual no tiene en cuenta los derechos de privacidad de esas madres, ni de otras personas de sus familias, que además el poder legislativo ha establecido la obligación a la administración de proporcionar sus nombres sin que sea necesario su consentimiento o incluso en contra de su voluntad. En la práctica sólo 18 madres han consentido un encuentro con su hija o hijo adoptado. La conclusión del artículo es que esta imposición sin matices y sin diálogo con las madres no tiene en cuenta el derecho a la privacidad de las mismas y además como han manifestado esas madres se hace con carácter retroactivo, sin respetar las condiciones legales a las que ellas se acogieron en el momento de dar a luz por lo que se sienten totalmente desprotegida, con falta de seguridad jurídica y manifiestan que sufren una segunda discriminación. El artículo concluye proponiendo que sería deseable que se siguiera el modelo francés, que requiere el consentimiento de la madre para dar su identidad, aplicándolo a las madres que dieron a luz en un marco legal de anonimato antes de la reforma de 1999.
The article addresses the need to weigh the right of the adopted person to know the biological origins against the right to privacy of the biological mother in cases of anonymous birth in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, especially in France, and the practical experience of mediation in the Provincial Council of Gipuzkoa when applying the Spanish legislation that since 2007 establishes a practically absolute obligation for the State to provide the adopted person with all the information available in its files on the identity of his or her biological mother, also in cases where the legislation prior to the 1999 reform of the Civil Registry allowed anonymous birth at the request of the mother. The article presents the contrast between the French legislation that requires the agreement of the biological mother to provide her name and its consequences in two cases recently dealt with by the European Court of Human Rights, the case of Cherrier v. France and the cases of Gauvin-Fournis and Sillau v. France, on anonymous gamete donation. The French Bioethics legislation of 2021 no longer allows anonymous gamete donation, but it has not retroactive application. The second part of the article presents for the first time the results of the mediation carried out by the Provincial Council of Gipuzkoa since it began its mediation work in 2005 until today, between adopted people and biological mothers who had given birth anonymously. After presenting the statistical data and collecting the real experience of 320 cases of mediation between adopted people and the corresponding interviews with biological mothers, they conclude that current Spanish legislation does not take into account the privacy rights of these mothers, or of other people in their families, and that the legislator has also established the obligation for the administration to provide their names without their consent being necessary or even against their will. In practice, only 18 mothers have consented to a meeting with their adopted daughter or son. The article concludes that this imposition without nuances and without dialogue with mothers does not take into account their right to privacy and, as these mothers have stated that it has been done retroactively, without respecting the legal conditions that they accepted at the time of giving birth, which is why they feel totally unprotected, with a lack of legal security and they say that they suffer a second discrimination. The article concludes by proposing that it would be desirable to follow the French model, which requires the mother's consent to give her identity, applying it to mothers who gave birth in a legal framework of anonymity before the 1999 reform.
