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Murcia, España
El registro de jornada es un instrumento fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos a la limitación de jornada y a la seguridad en el trabajo, con el que se da cumplimiento a la obligación empresarial de controlar el tiempo de trabajo exigida por el derecho de la Unión Europea. Inicialmente ausente en la legislación laboral española y excluida por el Tribunal Supremo, fue introducida por el legislador en 2019, fundamentalmente como medio de control de las extralimitaciones de jornada irregulares. Sin embargo, el derecho de la Unión Europea apunta otra perspectiva, dominada por la idea de garantía de los derechos a la limitación de jornada y a la seguridad y salud en el trabajo. La regulación genérica del deber de registro en el art. 34.9 ET desplaza a la negociación colectiva o, en su defecto, a la decisión unilateral del empresario la regulación de sus aspectos fundamentales: ámbito de aplicación, sujetos intervinientes, contenido y características y consecuencias de su incumplimiento. Al mismo tiempo, han surgido dudas interpretativas sobre cada una de estas materias que han sido resueltas por los tribunales con una estricta interpretación del texto legal.
The working time record is a fundamental instrument for ensuring compliance with the rights to limited working hours and occupational health and safety, fulfilling the employer’s obligation to monitor working time required by European Union law. Initially absent from Spanish labour legislation and ruled out by the Supreme Court, it was introduced by the legislator in 2019, primarily as a means of controlling irregular working hours. However, European Union law suggests a different perspective, dominated by the idea of guaranteeing the rights to limited working hours and occupational health and safety. The generic regulation of the obligation to register in Art. 34.9 of the Workers’ Statute shifts the regulation of its fundamental aspects to collective bargaining or, failing that, to the unilateral decision of the employer: scope, parties involved, content and characteristics and consequences of noncompliance. At the same time, interpretive doubts have arisen regarding each of these matters, which have been resolved by the courts with a strict interpretation of the legal text.
