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Jesús Espelosín Atienza
España arrastra un déficit de viviendas en alquiler, que aumenta cada año por el incremento de la demanda y la reducción de la oferta. La descapitalización inmobiliaria pública después de la crisis de 2008-2014 ha sido un paso atrás que hay que compensar. Es obligación constitucional del Estado facilitar el derecho al acceso a una vivienda digna, en condiciones de igualdad de todos los españoles y teniendo en cuenta la heterogeneidad social y geográfica, que tiene el problema. Entre las medidas más importantes a adoptar está la promoción pública de viviendas sociales en alquiler, que debe ser la actuación prioritaria del Estado, ya que la actividad privada no es capaz de entrar en ese mercado por la falta de rentabilidad suficiente.
